El oficialismo de la Provincia realizó una sesión extraordinaria convocada por la titular de Cámara Legislativa y vicegobernadora Mónica Urquiza, donde en una extensa jornada el ejecutivo provincial logró conseguir las mayorías necesarias para la aprobación del paquete de medidas.
La primera ley que sancionaron fue la de emergencia de infraestructura y equipamiento portuario por un año. Esta medida refiere a que el “estado de situación actual de la infraestructura y servicios portuarios de la Provincia presenta serias dificultades vinculadas con la desinversión, desactualización de equipamiento, desarticulación con empresas y prestadores privados e inadecuada prestación de algunos servicios, producto de una política nacional y provincial de los últimos 4 años que, a la luz de otros fines políticos más generales, fueron en desmedro de la actividad portuaria provincial que conlleva a la pérdida de competitividad a nivel internacional”, se expresa en el proyecto. Y para realizar las obras y contar con los servicios portuarios necesarios para operar, la Ley autoriza a las autoridades a realizar las contrataciones necesarias. Limita en 5 millones las contrataciones directas y en 10 millones por contratación privada.
Ante una sala llena, los legisladores dieron sanción a la emergencia previsional. Previamente invitaron a referentes de jubilados a discutir los puntos claves del asunto que aborda la situación del sistema previsional, “con el fin primordial de permitir una paulatina reducción del actual déficit financiero del sistema”. Por lo tanto desde el Ejecutivo buscan alcanzar “progresivamente el equilibrio que asegure a los actuales aportantes y futuros beneficiarios, el acceso a los beneficios”. El proyecto propone, la utilización de una proporción de las utilidades del Banco de la Provincia (BTF), el aporte adicional de funcionarios políticos del Poder Ejecutivo, autoridades electas y designadas de la Legislatura Provincial, autoridades de los órganos de control de la Provincia, y de aquellos que cumplen funciones directivas y gerenciales del BTF.
Además, establece un aporte compensatorio del 12% del haber pleno hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, a los pasivos que para acceder al beneficio se les computó al cese servicios con aportes a Caja provincial por un lapso menor a 10 años y que perciben un haber previsional que supere la asignación básica remunerativa del Gobernador.
Por otra parte se sancionó la ley que declara la emergencia en el sistema sanitario para garantizar “a toda la población las prestaciones y servicios básicos de salud”. En el texto se prioriza la continuidad de acciones preventivas y de promoción de programas de salud; maternidad e infancia; atención primaria; pre y post hospitalaria y de salud mental, que busca garantizar la distribución equitativa de recursos financieros, materiales y humanos.
Además propone una “Comisión Interministerial con representantes de Salud, Obras y Servicios Públicos y Finanzas Públicas a los fines de elaborar, en el término de 60 días corridos un Plan Director de infraestructura para el mejoramiento, refuncionalización y ampliación de los hospitales y centros de atención primaria (CAPS) de las ciudades.
Otra de las áreas comprometidas y tratadas en la sesión extraordinaria fue la Ley de emergencia educativa que desde el poder Ejecutivo entienden que la “situación actual de los más de 140 edificios escolares” es necesario intervenir “en los servicios básicos y de infraestructura edilicia y con un plan de acción que permita mayor celeridad en los procedimientos”. Por lo tanto por el término de un año se podrán realizar las obras necesarias para garantizar el desarrollo normal de las actividades y, “asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo y se estipula realizar las obras de refacciones o adquisición de insumos para restablecer las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los edificios escolares. “Especialmente los servicios básicos de electricidad, gas, agua, sanitarios, calefacción y de conectividad”.
También otorgaron rango ministerial a la Dirección Provincial de Puertos y lo mismo ocurrió con Turismo declarándolo “actividad de interés provincial, prioritaria y esencial en la política de Estado por su importancia en el desarrollo socioeconómico”.
