Al cumplirse 5 años de la primera marcha de Ni Una Menos, el Congreso tiene pendiente la sanción de proyectos para prevenir la violencia de género y apuntalar los derechos de las mujeres, donde el tema de la legalización del aborto y la creación del Programa de Educación Sexual Integral, volverá a monopolizar el debate parlamentario cuando se supere la pandemia del coronavirus.
Legisladoras del oficialismo y la oposición señalan que, si bien en los últimos años hubo grandes avances, aún quedan deudas para saldar, para erradicar la violencia contra las mujeres y las diversidades y lograr la paridad de género.
La multitudinaria movilización de las mujeres, realizada en la Plaza del Congreso el 3 de junio del 2015, generó una fuerte presión para que el Parlamento apruebe leyes clave como incorporar al femicidio como delito (aunque finalmente quedó como un agravante del homicidio), prohibir al femicida quedarse con la patria potestad de los hijos y la paridad de género, para que las mujeres tengan la misma representación que los hombres en el Congreso Nacional.
Esta ley permitió que la Cámara de Diputados tenga el 43 por ciento de mujeres, con 109 de 257 legisladores y el Senado el 40 por ciento de sus integrantes mujeres, con 28 legisladoras y, se estima, que este porcentaje subirá tras las elecciones del 2021.
Si bien los avances fueron importantes, la legalización del aborto sigue siendo uno de los temas centrales pendientes y se estima que volverá a monopolizar el debate cuando se supere la pandemia del coronavirus, aunque aún -como sucedió hace dos años cuando se rechazo esta ley- esta iniciativa sigue dividiendo las aguas entre los legisladores.
La discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo quedó desplazada de la agenda hasta que se supere la pandemia, pero las diputadas que impulsaron el debate, identificadas “con el pañuelo verde”, esperan que se pueda volver a debatir una vez pasada la pandemia.
