Mauricio Macri podría sacar la modificación de la ley de Semillas, a través de la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Según el Portal La Política Online, el presidente podría hacer el anuncio el jueves junto a las entidades Rurales.
Esta decisión política del gobierno de Cambiemos pone en riesgo los derechos ancestrales de pequeños agricultores, y responde a intereses de corporaciones biotecnológicas y a los grandes productores.
La Ley de semillas fue sancionada en 1973, y legisla sobre todo la producción, certificación y comercialización de semillas. Tal como lo explica la investigadora de la UBA, Tamara Perelmuter “también establece una forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales denominada Derechos de Obtentor (DOV). Los DOV refieren al derecho que se le otorga a quien desarrolla alguna “mejora” a una semilla (puede ser mediante transgénesis, hibridación o mejoramiento tradicional), para explotarla en exclusividad. Son válidos para todo tipo de semillas, a diferencia de las patentes, que son solo para las semillas transgénicas en tanto protege la modificación genética”.
El gobierno de Cambiemos ya había intentado avanzar en la concreción de los deseos de las mega empresas de semillas transgénicas, y lo demostró en noviembre del año pasado, cuando trataron el tema en soledad, sin el apoyo de ningún otro bloque político; con la Federación Agraria Argentina (FAA) oponiéndose al mismo y con un centenar de organizaciones de campesinos y campesinas, indígenas, de productores y productoras de la agricultura familiar, sociales, políticas y ambientales manifestándose en las afueras del Congreso.
Las corporaciones del agronegocio vienen presionando duramente sobre la libre utilización por parte de los agricultores de las semillas reservadas de su cosecha para la nueva siembra. Para las empresas ampliamente dominantes del mercado esta práctica viola los derechos de propiedad de sus patentes queriendo prohibir también el intercambio de semillas entre productores, denunciándolos como los causantes de un incontrolable mercado ilegal y evitando que las multinacionales obtengan el 100% de las ganancias. En sintonía con esto, el gobierno de Cambiemos, dispone todas las estructuras del Estado apoyando a los gigantes productores de transgénicos para lograr que los ricos sean cada vez más ricos.
Para ello, la normativa otorgaría poder de policía al Instituto Nacional de Semillas (INASE). De esta manera, explica Perelmuter que “ante cualquier pedido de las empresas que consideren que están siendo vulnerados sus derechos de propiedad intelectual, el INASE tendrá “acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre”. Además, dicho instituto “podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley”.
Habilitar los Derechos de la Propiedad Intelectual abre la posibilidad a que se persiga e incluso, como ya sucede en otros países se lleve a juicio a pequeños productores, cuyos cultivos fueron contaminados por el polen con transgénicos de otro productor. México cuenta con antecedentes en los que se criminaliza las prácticas campesinas e indígenas heredadas desde hace miles de años.
Otro de los cuestionamientos de la nueva ley de semillas que quieren promulgar por DNU, es que acota la figura del “uso propio”. “El proyecto explicita que el titular del derecho de una variedad protegida podrá requerir el pago correspondiente a quien reserve y utilice semilla para su uso propio en cada posterior propagación o multiplicación. De esta manera, deja de ser libre y gratuito, concepción entendida como un derecho de los agricultores, y pasa a ser una mera excepción de un derecho que tienen otros: los obtentores. Esto no se trata solamente de un debate económico, es decir, si se gana más o menos plata con el uso propio oneroso o no; por el contrario, tiene que ver con un cambio radical en la forma en la que se concibe esta práctica histórica de los agricultores”, argumenta la investigadora de la UBA.
Este tipo de decisiones políticas avasallan la Soberanía Alimentaria de un país con un índice de más del 50% de niños bajo la línea de la pobreza. Es preciso que surjan propuestas de políticos de un modelo agroalimentario basado, en la agroecología, que ponga el eje en la producción de alimentos sanos y que cuide la biodiversidad y el resto de los recursos naturales.
¿Sabías que las mega empresas son, la fusión entre Bayer y Monsanto; Corteva Agriscience, resultado de la fusión entre Syngenta y Chem China (compañía química china) y la alemana BASF? MIRÁ VOX!
