La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves en forma casi unánime un proyecto de ley de emergencia alimentaria que deberá someterse a ratificación en el Senado para permitir mayores recursos a los programas sociales.
A siete semanas de las elecciones presidenciales, la propuesta se gestó, mientras los movimientos sociales se congregaban y acampaban para protestar contra las políticas de Mauricio Macri. El proyecto de ley propone un aumento de 50% en las partidas de ayuda y asistencia alimentaria, equivalente a unos 8.000 millones de pesos (135 millones de dólares), tuvo el respaldo de 222 diputados, una abstención y ningún voto en contra.
La propuesta contempla la creación del Consejo Nacional Alimentario y Nutricional (CNSAN), cuyo objetivo será “garantizar de manera permanente y con carácter de prioridad nacional el Derecho a la Alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población, para el disfrute de una vida sana y activa, así como el financiamiento y coordinación de los programas, planes y acciones previstos en la presente ley”. Además, apunta a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas. A su vez, plantea que desde 2020 las partidas presupuestarias se actualicen cada 3 meses en relación con la inflación y la Canasta Básica Alimentaria.
Dentro del Congreso, el debate entre la oposición y el oficialismo sobre las responsabilidades de Cambiemos por el aumento de la pobreza; afuera había cientos de personas esperando que se tomen decisiones que den respuestas para abordar el tema de la emergencia alimentaria.
Cristobal “Toto” Marcioni, referente nacional de Pueblo Unido, organización popular que integra la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) estuvo en las puertas del Congreso y expresó que, “La aprobación de la ley de emergencia alimentaria es un triunfo de todas las movilizaciones, de todas las familias de todos los barrios que se han movilizado en todo el país en busca de soluciones para combatir el hambre, que está avanzando con el aumento de los precios y la dificultad de llegar a fin de mes. Se pusieron al hombro esta problemática de las familias, de los hijos, de las madres, de los comedores barriales y salieron a la calle y consiguieron que todos los diputados, oficialistas y opositores que hasta ahora estaban de campaña, se pusiera a trabajar, consensuen un proyecto”.
Esta iniciativa, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, podría haberse aprobado por decreto ya que contaba con un gran consenso de todos los bloques, llega a una Argentina sometida a un severo ajuste fiscal en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con recesión desde 2018, con aumento de la pobreza (32% en 2018) y del desempleo (10,1% primer trimestre de 2019).
