En la Argentina, la educación sexual integral (ESI) se reconoció como un derecho a partir de la sanción de la ley N.° 26150, en 2006. y según un estudio del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializada del organismo pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral (ESI), el programa que aborda en las escuelas la sexualidad desde los derechos humanos y la perspectiva de género. 

El análisis de las declaraciones de los chicos y chicas, que fueron víctimas o testigos de delitos, mostró que los niños sufrieron conductas abusivas, a partir de resignificar situaciones que vivieron, con los conocimientos adquiridos en la clase de ESI. La asesora General Tutelar, Yael Bendel, remarcó que “la ESI les dio información para comprender que fueron víctimas y, al mismo tiempo, abrió un espacio de confianza en la escuela que les permitió contar lo sucedido”.

La ley establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”. La norma se nutre del marco de los derechos humanos y se define como parte de las responsabilidades del sistema educativo para cumplir con regulaciones nacionales e internacionales —entre estas, la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CDN) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés)—.

La ley N.° 26150 de Educación Sexual Integral se funda en el marco de los derechos humanos y considera la perspectiva de género entre sus pilares fundamentales. Su concepción se encuentra alineada con las recomendaciones internacionales en la materia. De manera creciente, los enfoques de derechos, género y diversidad se incorporaron en las recomendaciones internacionales para la educación integral de la sexualidad. La revisión de los lineamientos técnicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), así como otros materiales conceptuales y guías técnicas desarrollados por UNESCO (2014 y 2017) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA [2014], por su sigla en inglés), recuperaron estas perspectivas como puntales de la educación integral de la sexualidad. El derecho a la ESI incluye el derecho a recibir información científicamente validada para cuidar el propio cuerpo y la salud, el derecho a una educación que permita la circulación de ideas y la construcción de criterios propios, que promueva la igualdad entre los géneros y la no discriminación por razones de género ni orientación sexual ni por ningún otro motivo, y que contribuya al derecho a una vida sin violencia.

El MPT venía trabajando con casos derivados de la justicia penal de la Ciudad, principalmente por causas vinculadas a situaciones de violencia, de hostigamiento, maltrato y lesiones leves. Pero desde agosto pasado, luego de la firma de un convenio de cooperación con la Procuración General de la Nación, comenzaron a prestar servicios para fiscalías nacionales.

“Desde la firma del convenio se multiplicó la demanda de entrevistas. Pasamos a tener entre 3 y 4 declaraciones por día. Un número muy superior al que veníamos teniendo porque los delitos que se persiguen en Ciudad, hostigamiento, lesiones, a dos de cada diez chicos que son víctimas de delitos, no se los escucha”, explicó Bendel.

Desde entonces, la avalancha de entrevistas realizadas están vinculadas en un 99 por ciento a casos de abuso sexual. “La población que viene a declarar tiene entre 3 y 4 años, y entre 12 y 14 años. En la franja de 3 y 4 años no hay diferencia por género. En cambio, en la de 12 a 14, casi el 70 por ciento son niñas”, detalló la titular del MPT.

Bendel explicó que en los relatos de los niños y niñas de 12 a 14 años, además de aparecer patrones comunes relacionados con las conductas típicas de los abusadores: desarrollo de una relación de confianza con sus víctimas para crear una conexión que les permita el abuso, amenazas veladas hacia las víctimas, la búsqueda de momentos a solas, entre otras conductas, el dato relevante que surgió fue que la ESI ocupó un rol clave a la hora de que los chicos pudieran reconocer que habían atravesado una situación de abuso o de violencia.

“Entendieron los cuidados hacia ellos mismos, sobre su cuerpo, que hay conductas y tocamientos que no son normales y que constituyen abusos”, detalló, y remarcó que “otro punto importante es que la mayoría logró contarlo en la escuela. Es decir, la ESI abrió un espacio de diálogo sobre estos delitos que les permitió, por un lado, entender qué les pasó, y, por otro, generar un espacio de confianza que les posibilitó contarlo”.

Por este motivo, Bendel remarcó la importancia de la ESI como herramienta para que los niños y niñas puedan diferenciar las conductas abusivas de las que no lo son, teniendo en cuenta que el 80 por ciento de los abusos son cometidos por familiares o conocidos.

Para las entrevistas, el MPT cuenta con una sala especializada para escuchar los relatos de los niños, niñas y adolescentes. A diferencia de la tradicional cámara Gesell donde detrás del vidrio se ubican para observar las entrevistas el juez, los abogados de las partes y el victimario, entre otros, en este caso, hay una sala equipada con un circuito cerrado de televisión y tecnología que posibilita un registro fiel de las conversaciones que mantienen los chicos con psicólogos. Dos pisos más arriba se ubica la sala de seguimiento, lo que garantiza que víctima y victimario no se crucen, preservando la integridad psíquica y física de los niños y niñas.

De acuerdo a las estadísticas oficiales sobre abuso sexual infantil en el país, el 53 por ciento de los abusos sucede en el hogar de la víctima, el 18 por ciento en la vivienda del agresor y el 10 por ciento en la casa de un familiar. El 47 por ciento de las víctimas tienen entre 6 y 12 años, el 28 por ciento hasta 5 años y el 25 por ciento entre 13 y 17 años.

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