La Cámara de Diputados tratará el próximo miércoles el proyecto de reforma de la ley de Alquileres, que contempla la extensión del contrato a tres años, además establecería una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.
Entre los puntos que abordará la ley de alquileres estará la reforma del Código Civil y Comercial y establecerá la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral- que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario. Para lograr definir la fórmula de actualización de los precios, se combinará el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Además el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
“Este dictamen significa un gran paso adelante porque corrige muchos abusos que hoy existen en el mercado de alquileres”, afirma el legislador de Cambiemos, Daniel Lipovetzki. En la misma línea, el kirchnerista Adrián Grana, afirmó que este proyecto otorga “previsibilidad para aquel que siempre está más desprotegido: el que no tiene vivienda”.
En el proyecto consensuado se establece que el inquilino podrá ofrecer dos propuestas de garantías y el propietario estará obligado a elegir una; también se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario. También se fija que las expensas extraordinarias las abonará el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir el contrato, el inquilino deberá avisar con tres meses de anticipación para evitar pagar una multa. Entre otros aspectos se otorgarán garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas; y se propiciará la creación de líneas de subsidios o créditos blandos, entre otras medidas.
En cuanto al depósito, el dictamen fija que no se podrá pedir “el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes” y determina que el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.
Además se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados, y aquellas familias que no tengan como acceder a un sistema de garantías. Se deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo, que a la vez deberá dar facilidades para poder cumplir con esta medida.
En ese sentido se establece que a través de ese plan se otorgarán garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas; y se propiciará la creación de líneas de subsidios o créditos blandos, entre otras medidas.
