El Gobierno de facto en Bolivia de Jeanine Áñez emitió un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión, en el que establece que “El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”. 

Además el texto añade que  “Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”, de esta manera se habilita a las fuerzas del orden a contrarrestar las manifestaciones con armas de fuego. Además insta a todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas a prestar apoyo a las Fuerzas militares y policiales.

Luego de una jornada muy violenta por parte de las fuerzas represivas del Estado de facto, el número de muertos ascienden a 8 personas y más de un centenar de heridos por la brutal represión del ejército y la policía contra la movilización Campesina que se expresaban contra el golpe de Estado. Se suman a los cinco muertos que habían sido llevados al hospital de Sacaba. Las autoridades no reconocen todas estas muertes.

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