En un comunicado, las organizaciones que integran la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande y Ushuaia manifestaron su “preocupación y repudio al proyecto N° 563-2018, denominado Programa Provincial de Protección Integral del Niño por Nacer y la Mujer Gestante, impulsado por la Legisladora Cristina Boyadjian del Movimiento Popular Fueguino”.
La iniciativa, que será discutida en el ámbito de la Comisión de Salud de la Cámara Legislativa Provincial, también fue fuertemente cuestionada por la agrupación feminista La Hoguera, quienes expresaron su repudio a través de un comunicado, el cual expresa que: “El proyecto de la legisladora es una iniciativa que sólo busca cercenar los derechos de las mujeres y de los varones trans, atenta con el protocolo de interrupción legal del embarazo vigente en nuestra provincia y obtura el camino hacia el aborto legal, seguro y gratuito”.
El controvertido proyecto, en su el artículo N°5 busca establecer “como violencia contra la mujer y el niño por nacer, toda interferencia o acción externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo a interrumpir su curso”.
Además, en el artículo 26°, propone que: “Cuando el embarazo proviniera de un delito sexual contra la integridad sexual investigado judicialmente, la mujer será acreedora, desde el momento de la concepción y durante todo el periodo gestacional, a una asignación especial equivalente a un sueldo de la Categoría inicial de la Administración Pública Provincial. En el caso de la mujer decidiera asumir la crianza y la educación del niño, la asignación se le continuará abonando hasta que éste cumpla con los 18 años de edad. Si la mujer decidiera no tomar a su cargo la crianza y educación del niño luego de su nacimiento, se proveerán de inmediato las medidas necesarias y urgentes para su protección, favoreciéndose su adopción o guarda por una familia, en cuyo caso la asignación será percibida por la familia adoptante o guardadora a partir del momento en que se le hiciere cargo del niño y hasta que éste cumpla los 18 años de edad”. De esta manera se vulneraría los derechos de las mujeres, excluyendo la posibilidad de que pueda acceder a la irrupción del embarazo ya contemplado el artículo 86 del Código Penal, a pesar de que ya la ONU advierte que obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la intimidad y a la autonomía física.
El texto firmado por la Multisectorial advierte que: “No acordamos con el proyecto porque consideramos que es un claro avasallamiento a los derechos y libertades de las mujeres y de las personas gestantes, no se condice con la normativa y legislación vigente y representa un claro retraso en materia de Derechos Humanos a nivel internacional”.
El documento dice más adelante: “Rechazamos enfáticamente el proyecto de la legisladora que pretende retrotraer nuestra legislación en más de un siglo, avasallando derechos consagrados y atropellando el derecho de las mujeres y disidencias a decidir sobre su propio cuerpo, con un enfoque sobre víctimas de violación y no sobre los violadores”.
Cabe destacar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protege el derecho a la vida, en un escrito publicado en el 2018, se pronunció respecto la protección al derecho de interrumpir el embarazo, con especial énfasis en la prioridad de la salud y la vida de mujeres y niñas, y recomiendan no penalizar su práctica en ningún caso.
Por otra parte, el comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW o Tratado de los Derechos de las Mujeres) también se ha manifestado constantemente respecto a las leyes sobre el aborto restrictivas, constituyen discriminación contra las mujeres. “Esta afirmación es aplicable a todas las mujeres y todas las personas que puedan quedarse embarazadas, pues el Comité de la CEDAW ha confirmado que las salvaguardias de la Convención y las obligaciones de los Estados conexas se aplican a todas las mujeres e incluyen, por tanto, la discriminación contra las mujeres que son lesbianas, bisexuales y/o transgénero, especialmente si se tienen en cuenta las formas específicas de discriminación que sufren”.

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