El futuro energético argentino depende de una matriz baja en emisiones, diversificada, que favorezca el acceso a la energía y el cuidado del ambiente. Los hechos demuestran que buscar el autoabastecimiento con combustibles fósiles no necesariamente implica lograr una menor pobreza energética. Con tarifas cada vez más altas para los ciudadanos y un esquema de subsidios a la producción que carece de proyección clara a largo plazo, las medidas tomadas hasta el momento no demuestran ser una herramienta eficiente para transicionar hacia sistemas energéticos limpios y sustentables.
Que los subsidios a los combustibles fósiles han mostrado una tendencia a la baja para la producción, y sobre todo para el consumo, es cierto. Pero resulta claro que los motivos que impulsan las reducciones son puramente económicos y están vinculados a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la reducción del déficit fiscal, no enfocados en generar un escenario promisorio para la estabilidad de la economía y el bienestar de la población en la Argentina. Mucho menos para asegurar una transición energética.
La necesidad de reducir los subsidios generó malestar social -a raíz del aumento de tarifas- y rechazo en el sector privado, debido a las consecuencias que traerá aparejadas la modificación en la interpretación de la resolución 46E/2017, que reduce las erogaciones del gobierno nacional en pos del saneamiento de sus cuentas fiscales. En respuesta, las empresas prometen una nueva escena de disputa con el gobierno en el plano judicial, ya “inaugurada” con la denuncia de Tecpetrol en 2019.
No es un dato menor: los sucesivos cambios en la cartera de Energía, con 3 ministros en un año y la reducción de Ministerio a Secretaría bajo la órbita de Hacienda, dejan entrever tanto las internas del gobierno y las disyuntivas respecto de la política energética a adoptar, como también la importancia que el sector energético tiene para las arcas del Estado.
Mientras hay quienes siguen pregonando que Vaca Muerta es la solución energética y económica para la Argentina, los hechos demuestran que no todo es estable ni sustentable en el negocio de los hidrocarburos. De hecho, hoy en día la producción de gas natural de Vaca Muerta no alcanzará para abastecer de energía al país durante el invierno.
Los hechos demuestran que el objetivo del gobierno de buscar el autoabastecimiento con combustibles fósiles, no necesariamente implica lograr una menor pobreza energética. Sin ir más lejos, el esquema de incentivos en el marco de la política nacional actual, con tarifas cada vez más altas para los ciudadanos y un esquema de subsidios a la producción que carece de proyección clara a largo plazo, no parece ir en tal dirección.
Por todo lo expresado, desde FARN hacemos énfasis en que la única verdadera solución radica en generar lineamientos económicos y políticos para la consolidación de una matriz energética baja en emisiones, diversificada, que favorezca tanto el acceso a la energía como el cuidado del ambiente.
NÚMEROS QUE NO CIERRAN
Los subsidios a los combustibles fósiles representaron, con respecto a la totalidad de subsidios a la energía, un 97% en 2018 (el 6,5% del presupuesto nacional), un 95% en 2017 y un 99% en 2016.
Los montos transferidos a las empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos -particularmente para la producción de gas- sumaron en 2018 US$ 340 millones; es decir, un 0,33% del presupuesto nacional y el equivalente a más de 5 millones de Asignaciones Universales por Hijo o al salario anual de 35.000 docentes de enseñanza inicial.
Pero no sólo las empresas extractivas recibieron fondos: también las compañías distribuidoras se vieron favorecidas. El monto recibido por estas últimas durante 2018 fue de US$ 258 millones, lo que equivale a 778 mil jubilaciones mínimas.
Este año, los subsidios a los combustibles fósiles suman más de US$ 6.000 millones, cifra que duplica lo que el Estado invirtió durante todo 2018 en Universidades Nacionales.
Los subsidios son una respuesta de corto plazo frente a problemas coyunturales, o bien una clara señal de los objetivos de un Estado. Históricamente, se los ha utilizado como herramienta para sanear situaciones conflictivas tanto a nivel social como económico, pero desde FARN hacemos hincapié en la necesidad de políticas públicas cuyos horizontes de planificación excedan los mandatos de un gobierno y se enfoquen en asegurar de la manera más justa la transición energética necesaria para un futuro sostenible.
